El anuncio del Presidente Juan Manuel Santos Calderón aunque ayuda a entender un poco el camino que ha decidido tomar el estado colombiano frente al controvertido fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que pretende despojar 70 mil kilómetros cuadrados de mar territorial al archipiélago de San Andrés y Providencia para asignárselos a Nicaragua, no deja de ser una reacción tardía, demorada e incompleta y hasta inconveniente en el futuro.
Esto porque además pareciera ser una reacción a las encuestas que evidencian una dramática caída de la popularidad del jefe de estado hasta niveles de hace 20 años en los Gobiernos de peor desempeño ejecutivo. Y aunque la decisión del Gobierno colombiano muestra visos de juridicidad y de legalidad, no deja de tener un alto componente político que pretende mostrar a un Presidente más vigoroso, menos débil de lo que se había mostrado hasta ahora, y que pretende resolver uno de los asuntos pendientes que tienen el Gobierno en su compleja agenda política.
El Gobierno en todo caso demuestra que quiere mantener la ambigua posición que hasta ahora ha mantenido en casi todos los temas de su agenda. Es decir que no se define por una posición firme y categórica, si no que muestra que quiere acatar el fallo, pero condicionándolo a una negociación con Nicaragua que ya rechazó esa posibilidad.
Colombia no desacata el fallo, pero tampoco lo aplica, y en ese propósito genera más angustias y expectativas a los habitantes de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que son los únicos y verdaderos afectados con la decisión judicial y las posiciones políticas que se tomen alrededor del tema, y que siguen sin consultar sus intereses, a pesar de ser ellos los únicos legitimados para decidir que es lo que se debe hacer con el mar que siempre les ha pertenecido.
Un nuevo tratado no puede ser una opción. Ya un primer tratado les mutiló a los habitantes del archipiélago parte de su territorio y separó a sus familias en dos países distintos, al mejor estilo del muro de Berlín en la segunda guerra mundial, solo que aquí la muralla fue no física si no política por cuenta de la entrega de territorios del archipiélago al vecino centroamericano.
Además los isleños con justa razón no confían en Nicaragua que ha dado muestras hasta la saciedad de ser un mal vecino que abusaba de éstos cuando aún no le había adjudicado la Corte parte de nuestro mar y que además no honra los tratados que firma por que pese a la ganancia que obtuvo con el Tratado Esguerra Bárcenas de 1928 (Colombia le adjudicó la Mosquitia), lo declaró nulo y lo invalidó para luego demandar a Colombia ante la CIJ de La Haya.
Y con sus pretensiones expansionistas de querer reclamar más mar y territorios que incluso abarcan el archipiélago de San Andrés y Providencia y más de 350 millas de plataforma continental, así como las pretensiones de quitarle mar a Costa Rica y Panamá; no estamos frente a un vecino pacifico que quiera mantener una relación amistosa con sus colaterales.
Ningún tratado quieren los isleños y esa es la voz que se debe escuchar. Lo que reclaman los isleños es la protección del Estado a sus territorios, su mar territorial, sus riquezas ambientales, su tranquilidad y el ejercicio ancestral, tradicional e histórico de su cotidianidad.
