Por: Bartolomé Taylor Jay
La pesca en el departamento está a punto de colapsar y el Gobierno Central a pesar de mantener su fuerza armada en la zona, sigue callado y como espectador observa como Nicaragua aprovecha de manera ventajosa los recursos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas. Hoy nos preguntamos, donde quedaron las políticas pesqueras del Estado, el señor Presidente comunicó al país en días pasados, que el fallo era inaplicable, pero me pregunto dónde están las acciones para mantener el statu-quo en la zona, porque de alguna manera hemos acatado pero seguimos pensando que no es aplicable.
Es preocupante la situación sencillamente porque no vemos con claridad como esta normatividad tendrá peso para que el otro país los acepte sin impugnaciones. Estamos frente a un dilema porque mientras los anuncios del Presidente de Colombia generan expectativas e intrigas, la realidad no contempla cambios y vemos con impotencia como los tan famosos derechos de los pescadores no se restablecen por ningún lado.
Los barcos nicaragüenses están explotando nuestros recursos pesqueros y es el gobierno de Managua es el que está poniendo las condiciones y otorgando los permisos de pesca en las aguas otorgadas por la CIJ. En estos momentos podríamos hablar de una zona de régimen común de pesca donde nuestro vecino evidentemente sacó ventaja. Mientras nuestra industria tuvo que cerrar sus plantas en San Andrés, del otro lado vemos a una industria nicaragüense naciente y creciente con ánimo de explotar y explorar todo lo consignado en las nuevas aguas que les fueron otorgadas.
Los perjuicios económicos ocurridos con ocasión del fallo merecen especial atención, seguramente habrá muchos profesionales del Derecho haciendo análisis de las cuentas por lo que entendemos como Lucro Cesante y Daño Emergente, acciones que deberán adelantar los múltiples afectados con la disminución de nuestras aguas, y el desorden que existe hoy en la zona conocida como Luna Verde. El Gobierno Nacional tendrá que explicar porque no ha tomado acciones contundentes en la zona del meridiano 82 con paralelo 15 en lo referente a la pesca desmedida que vienen adelantando las embarcaciones del vecino país.
Es evidente que la industria pesquera dejó de percibir ganancias como consecuencia del perjuicio y el daño que este debacle causó. Si el sector pesquero del departamento Archipiélago no hubiera sufrido de este daño o perjuicio, se hubiera seguido lucrando sin problemas, lucro que se pierde, que cesa por culpa del daño o del perjuicio, ahora, necesitamos saber quiénes son los responsables, porque serán estos quienes tendrán que reparar o indemnizar a los afectados que con probidad demuestren su detrimento.
Es preocupante el futuro para nosotros los pescadores de las islas, lamentablemente tenemos en frente un panorama muy desalentador, muy a pesar de las anunciadas inversiones por parte del gobierno nacional y que se vienen adelantado a través del famoso plan San Andrés, estos se ven como posibles alternativas de solución para el sector, pero en ultimas no dejarán de ser alicientes para digerir lentamente el lamentable suceso. Por eso exigimos al Gobierno Nacional la reparación a todos los habitantes del territorio insular ancestral, que por su innegable culpa regaló parte de nuestra herencia.
“El que nunca se adentró al MAR, nunca la extrañará, pero el que de la MAR a vivido por siempre y para siempre y de la noche a la mañana se la quitan, sentirá su ausencia hasta más allá de su muerte”.
